Reglas de desalojo en la vida asistida de California: motivos, aviso y a quién llamar

Las comunidades de vida asistida y los hogares de cuidado residencial tienen licencia en California como centros de cuidado residencial para personas mayores (RCFE). La regla de desalojo para todos ellos es la sección 87224 del Título 22 del Código de Regulaciones de California. Dice que el titular de una licencia puede, con un aviso por escrito de 30 días, desalojar a un residente por uno o más de estos motivos:

• Falta de pago de la tarifa por los servicios básicos dentro de los diez días siguientes a la fecha de vencimiento.
• Incumplimiento de la ley estatal o local por parte del residente después de recibir un aviso por escrito de la presunta infracción.
• Incumplimiento de las políticas generales del hogar por parte del residente. Las políticas deben estar por escrito, deben tener el propósito de hacer posible que los residentes vivan juntos y deben ser parte del contrato de admisión.
• Después de la admisión, se determina que el residente tiene una necesidad que no se había identificado antes, se hizo una reevaluación, y el titular de la licencia y la persona que hizo la reevaluación creen que el hogar no es adecuado para el residente.
• Cambio de uso del centro.

La Declaración de Derechos del Residente (Resident's Bill of Rights), sección 1569.269 del Código de Salud y Seguridad de California (Health and Safety Code), dice que los centros no deben trasladar ni desalojar involuntariamente a los residentes por motivos distintos de los que enumeran específicamente la ley o las regulaciones estatales. El contrato de admisión de un hogar no puede agregar motivos a la lista.

Esta página describe las reglas tal como están escritas y no es asesoría legal. El Defensor del Cuidado a Largo Plazo o un(a) abogado(a) especializado(a) en derecho de personas mayores (elder law) puede revisar los hechos de un aviso en particular.

El plazo de aviso depende de la situación. La tabla muestra los tres plazos de la regulación y de la ley. California Advocates for Nursing Home Reform (CANHR), una organización de defensa de los residentes, sostiene que a un residente con más de un año en el hogar se le deben 60 días según el Código Civil (Civil Code), y señala que la agencia estatal de licencias no está de acuerdo.

Según la sección 1569.683 del Código de Salud y Seguridad, el aviso debe indicar los motivos en que se basa, con hechos específicos que permitan determinar la fecha, el lugar, los testigos y las circunstancias. También debe incluir la fecha de entrada en vigor, recursos para encontrar otra vivienda y otro cuidado, e información sobre el derecho a presentar una queja, con los datos de contacto de la oficina más cercana de Community Care Licensing (Licencias de Cuidado Comunitario) y del Ombudsman estatal.

El hogar debe enviar o mandar por correo una copia del aviso a la persona responsable del residente, y debe enviar un informe escrito de cualquier desalojo a la agencia de licencias dentro de cinco días.

Un aviso de desalojo no es una orden judicial. La ley estatal exige que cada aviso lleve esta declaración: "Para desalojar a un residente que permanece en el centro después de la fecha de entrada en vigor del desalojo, el centro de cuidado residencial para personas mayores debe presentar una demanda de desalojo (unlawful detainer) en el tribunal superior y recibir una sentencia escrita firmada por un juez. Si el centro sigue adelante con la demanda de desalojo, a usted se le debe entregar formalmente un citatorio judicial y la demanda. Usted tiene derecho a impugnar el desalojo por escrito y mediante una audiencia".

Un residente o su representante también puede pedir al Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) que investigue los motivos dados para el desalojo. CANHR advierte a las familias que se aseguren de que las necesidades de cuidado del residente estarán cubiertas durante una disputa, porque quedarse en un hogar que no puede o no quiere cubrirlas puede hacerle daño al residente.

La hoja informativa de CANHR sobre las protecciones contra el desalojo, que cita la ley estatal, enumera varios límites:

• Un hogar no puede desalojar a un residente por negarse a firmar un nuevo contrato de admisión. Ese no es uno de los cinco motivos.
• Un hogar no puede desalojar, ni amenazar con desalojar, en represalia porque un residente pidió una inspección o presentó una queja ante el Departamento de Servicios Sociales o el programa del Ombudsman.
• Un hogar no puede negarse a readmitir a un residente después de una estancia en el hospital. Si cree que existe un motivo de desalojo, debe readmitir al residente y después seguir el procedimiento de desalojo.
• Un nuevo dueño recibe el hogar sujeto al contrato de admisión existente. Una venta no lo termina.
• A un residente de pago privado no se le puede desalojar porque más adelante califique para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

La sección 1569.682 del Código de Salud y Seguridad trata de los cierres. Antes de mudar a los residentes por la pérdida de la licencia o por un cambio de uso, el hogar debe preparar una evaluación de reubicación para cada residente, con una recomendación sobre el tipo de centro que cubriría sus necesidades y una lista de centros dentro de un radio de 60 millas que las cubren. Debe conversar sobre esa evaluación con el residente y su representante legal dentro de los 30 días siguientes a la emisión del aviso.

Si se va a mudar a siete o más residentes, el hogar debe tener un plan de cierre aprobado por el departamento antes de emitir cualquier aviso de traslado. La ley también fija los reembolsos de los cargos mensuales pagados por adelantado y, según un calendario, de los cargos recientes previos a la admisión.

Se aplica un proceso distinto cuando la propia agencia de licencias ordena una reubicación porque un residente tiene una condición de salud que el hogar no tiene permitido atender. CANHR dice que ese aviso indica los motivos y el derecho a apelar, y que la apelación debe solicitarse dentro de los 3 días hábiles siguientes al aviso.

Si alguien está en peligro inmediato, llame al 911. Las quejas sobre un hogar con licencia, incluida un alta insegura o indebida, se presentan ante la División de Licencias de Cuidado Comunitario (Community Care Licensing Division) de California al 1-844-538-8766. La línea estatal del Defensor del Cuidado a Largo Plazo es el 1-800-231-4024, y el Departamento de la Tercera Edad de California (California Department of Aging) incluye el traslado o el alta indebidos de un residente entre los problemas que los representantes del Ombudsman ayudan a resolver.

Hamssa Benrekia es especialista en colocación de personas mayores en Torrance y ayuda a las familias del South Bay y de la zona de Harbor a encontrar hogares de cuidado residencial y comunidades de vida asistida con licencia. Ella no puede impugnar un desalojo ni dar asesoría legal. Si la mudanza tiene que ocurrir, puede ayudarle a buscar un hogar que se ajuste a las necesidades de cuidado y al presupuesto, como se describe en colocación de emergencia en vida asistida. Hay más temas en la Guía de colocación en vida asistida en California. Para hablar sobre una búsqueda, comuníquese con Hamssa.

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   Pida el aviso por escrito

   CANHR aconseja no actuar con base en una declaración verbal de que el residente debe mudarse. Un desalojo válido empieza con un aviso por escrito.

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   Compare el aviso con las reglas

   Debe nombrar uno de los cinco motivos, dar hechos específicos y una fecha de entrada en vigor, y llevar la declaración sobre el tribunal.

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   Llame al Ombudsman

   El Ombudsman es independiente del hogar y sus servicios no cuestan nada. Vea los derechos de los residentes de un RCFE en California para conocer los derechos en juego.

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   Vea si la causa se puede corregir

   CANHR sugiere remediar la causa indicada cuando sea posible, por ejemplo pagando el cargo mensual, y después pedir que se retire el aviso.

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   Decida sobre una queja y ayuda legal

   Usted puede presentar una queja ante la agencia de licencias, como se describe en quejas sobre la vida asistida. Un(a) abogado(a) especializado(a) en derecho de personas mayores o un programa de servicios legales puede asesorarle si llegan documentos del tribunal.